Hacia 1968 la Constitución de la República Dominicana, en su artículo 101, establecía que la riqueza artística e histórica del país, sea cual fuere su dueño, formaría parte del patrimonio cultural de la Nación y estaría bajo la salvaguarda del Estado. Con esto se reglamentaba, esencialmente, lo relativo a la protección, conservación, enriquecimiento y utilización del patrimonio cultural.
A raíz de este artículo surgió la Ley No. 318 de 1968 en la cual se delimitaba, precisamente, la amplitud del concepto de ‘patrimonio cultural’ al dividirlo en cuatro categorías y describir su campo de acción. Las categorías utilizadas fueron: Patrimonio Monumental, Patrimonio Artístico, Patrimonio Documental y Patrimonio Folklórico.
En 1969 con la ley N.492 se hizo la declaración de múltiples espacios bajo el concepto de “Monumento Nacional” y se reguló lo concerniente a su consolidación, reparación, declaración y manejo, incluyendo el control de la exportación de obras de arte al extranjero. Entre lo allí comprendido se destaca la delimitación de la Zona Colonial y su declaración como Monumento Nacional, junto a otros complejos arquitectónicos y yacimientos arqueológicos.
Inspirada precisamente por el valor turístico de estos espacios, la ley N.492 de 1969 es una de las primeras acciones rotundas tomadas por el gobierno dominicano por la definición del patrimonio monumental e histórico, no sólo en el Distrito Nacional, sino en todo el país, incluyendo algunos yacimientos submarinos.
El reconocimiento del rol de la cultura desde la óptica gubernamental fue ratificado cuando en el año 2000 y bajo la Ley N. 41-00 se crea, la entonces "Secretaria de Estado de Cultura", hoy "Ministerio de Cultura" que ha ido con los años convirtiéndose en el principal gestor, dinamizador y protector de nuestro patrimonio.
Actualmente la cultura es un elemento de peso constitucional en la República Dominicana pues en nuestra carta magna se lee el acápite “Derecho a la cultura” (1) en el cual se establecen las siguientes responsabilidades para el estado:
· Establecer políticas que promuevan y estimulen, en los ámbitos nacionales e internacionales, las diversas manifestaciones y expresiones científicas, artísticas y populares de la cultura dominicana
· Incentivar y apoyar los esfuerzos de personas, instituciones y comunidades que desarrollen o financien planes y actividades culturales
· Reconocer el valor de la identidad cultural, individual y colectiva, su importancia para el desarrollo integral y sostenible, el crecimiento económico, la innovación y el bienestar humano, mediante el apoyo y difusión de la investigación científica y la producción cultural
· Proteger la dignidad e integridad de los trabajadores de la cultura
Una vez recorrido, aunque sea superficialmente, el marco e historia de la cultura como un derecho reconocido en las leyes y constitución de la República Dominicana, podemos conversar más detalladamente sobre nuestro patrimonio, entendiendo mejor su relevancia desde el punto de vista legal y antes de entrar en su relación con el turismo y con el desarrollo. En la siguiente publicación tomaremos como punto de partida aquello que tenemos inscrito en las listas de la UNESCO y nominado en las listas tentativas.
Notas & Fuentes citadas:
(1) Constitución de la República Dominicana (2010). Sección “De los Derechos Culturales y Deportivos”. Título II “De los Derechos, Garantías y Deberes Fundamentales”. Artículo 64. Puntos 1 y 3.
Sobre la autora
Maricha (María Isabel) Martínez Sosa es dominicana, egresada de las Universidades: APEC, Antonio de Nebrija y Católica Santo Domingo. Actualmente está realizando una investigación doctoral sobre la comunicación y difusión de la cultura en la República Dominicana bajo el programa de 'Industrias de la Comunicación y Culturales' de la Universidad Politécnica de Valencia, España. Esta publicación se nutre de su investigación y pretende acercarla, de forma coloquial, al público general.
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